Toluca, Méx.- El Congreso mexiquense recibió la propuesta para que el seguro de desempleo pueda otorgarse durante todo el ejercicio presupuestal en que se ordene, así como para que la aplicación de la Ley del Seguro de Desempleo corresponda al gobernador a través de las secretarías del Trabajo, Finanzas y Desarrollo Económico, a la Legislatura y a los ayuntamientos en el ámbito de su competencia.
Además, que la Declaratoria de Contingencia Laboral también pueda decretarse durante una situación de crisis económica que haya dado lugar, a la caída en el número de empleos, tal como ha ocurrido durante la pandemia de COVID-19.
La propuesta de reforma a la Ley del Seguro del Desempleo de la entidad plantea también que la Secretaría del Trabajo pueda proponer la emisión de Declaratoria de Contingencia Laboral, con el propósito de asignar mayores recursos al Seguro de Desempleo aprobado para el ejercicio correspondiente.
Enviada a la Comisión Legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social para su dictamen, propone que cada Presupuesto de Egresos de la entidad incluya la partida para cubrir este seguro, y que la Secretaría de Finanzas proponga las reasignaciones presupuestales para atender la caída del empleo por la emergencia sanitaria, además, plantea la integración de la Comisión Ordinaria de Fomento y Protección al Empleo para que establezca las reglas de operación de este seguro.
Los diputados también recibieron la iniciativa que busca extender los derechos, beneficios, programas y apoyos establecidos en la Ley de Apoyo a Migrantes de la entidad, a los familiares y dependientes económicos, con lo cual se busca beneficiar a niños y adolescente con padres migrantes fallecidos por COVID-19 (alrededor de tres mil 684) en Estados Unidos, cualquiera que haya sido su estatus legal en esa nación. La propuesta fue remitida para su dictamen a la Comisión de Apoyo y Atención al Migrante.
También se recibió la iniciativa de reformas al Código Administrativo y la Ley para la Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos Alimentarios a fin de que se regule la disposición de alimentos altos en calorías, grasas y azucares en centros educativos de la entidad, y para sentar las bases jurídicas para posibilitar el acceso a agua potable para inhibir el consumo de bebidas con alto contenido calórico, como los jugos y refrescos. Esta iniciativa será analizada por la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social y la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
